jueves, 17 de noviembre de 2011

COMISIÓN PERMANENTE DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL, ANTE LAS ELECCIONES GENERALES (II)

El próximo día 20 de noviembre estamos todos convocados a las urnas. Con este motivo, los obispos ofrecemos a los católicos y a cuantos deseen escucharnos algunas consideraciones que ayuden al ejercicio responsable del deber de votar. Es nuestra obligación de pastores de la Iglesia orientar el discernimiento moral para la justa toma de decisiones que afectan a la realización del bien común y al reconocimiento y la tutela de los derechos fundamentales, como es el caso de las elecciones generales.

5. Por todo ello, hemos de llamar de nuevo la atención sobre el peligro que suponen determinadas opciones legislativas que no tutelan adecuadamente el derecho fundamental a la vida de cada ser humano, desde su concepción hasta su muerte natural, o que incluso llegan a tratar como un derecho lo que en realidad constituye un atentado contra el derecho a la vida. Son también peligrosos y nocivos para el bien común ordenamientos legales que no reconocen al matrimonio en su ser propio y específico, en cuanto unión firme de un varón y una mujer ordenada al bien de los esposos y de los hijos. Es necesario promover nuevas leyes que reconozcan y tutelen mejor el derecho de todos a la vida, así como el derecho de los españoles a ser tratados por la ley específicamente como “esposo” y “esposa”, en un matrimonio estable, que no quede a disposición de la voluntad de las partes ni, menos aún, de una sola de las partes.

6. La grave crisis económica actual reclama políticas sociales y económicas responsables y promotoras de la dignidad de las personas, que propicien el trabajo para todos. Pensamos en tantas familias, carentes de los medios necesarios para subvenir a sus necesidades más básicas. Pensamos también en el altísimo porcentaje de jóvenes que nunca han podido trabajar o que han perdido el trabajo y que, con razón, demandan condiciones más favorables para su presente y su futuro. Son necesarias políticas que favorezcan la libre iniciativa social en la producción y que incentiven el trabajo bien hecho, así como una justa distribución de las rentas; que corrijan los errores y desvíos cometidos en la administración de la hacienda pública y en las finanzas; que atiendan a las necesidades de los más vulnerables, como son los ancianos, los enfermos y los inmigrantes.

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