“La Iglesia seguirá en todo caso realizando la actividad pastoral y
asistencial que le es propia. En un momento en que la sociedad necesita
tanto de esos servicios, lo más sensato sería no poner obstáculos a su
acción”. Fernando Giménez Barriocanal, vicesecretario para Asuntos
Económicos de la Conferencia Episcopal Española, hizo estas
declaraciones, que recoge la agencia SIC, en la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad de
Navarra, con referencia a la propuesta de algunos partidos políticos de
aplicar el IBI a los bienes inmuebles de la Iglesia.
Giménez
Barriocanal explicó que en la Iglesia existen unas 40.000 instituciones
diferentes y, por tanto, “no es fácil conocer el número de inmuebles
afectados y la cuantía que el pago del impuesto podría reportar”. Con
todo, recalcó que la cantidad que la Iglesia tendría que abonar en
concepto de ese impuesto “no produciría un alivio significativo” a las
arcas del Estado.
Por su parte, el profesor Jorge Otaduy, director del Instituto Martín
de Azpilcueta del campus pamplonés, recordó que la exención del IBI “no
es un privilegio de la Iglesia católica: con carácter general, tampoco
se aplica a los inmuebles de las administraciones públicas y las
entidades sin ánimo de lucro”.
En el caso de la Iglesia, indicó que esa condición ha sido recibida a
través de la Ley de Mecenazgo, de 2002, y otras normativas recientes,
además del Acuerdo sobre Asuntos Económicos entre la Santa Sede y
España. “La exigencia del pago del IBI sólo podría realizarse mediante
una nueva ley del Parlamento español. Supondría una modificación del
acuerdo, según las reglas que para ello establece el derecho
internacional. Un estado de derecho no incumple unilateralmente los
tratados internacionales”, recalcó.
Fernando Giménez Barriocanal y Jorge Otaduy intervinieron en unas
jornadas de estudio sobre el gobierno patrimonial de las entidades
eclesiásticas, organizadas por el Grupo de Investigación sobre el
Sostenimiento de la Iglesia Católica (GISIC) de la Facultad de Derecho
Canónico de la Universidad de Navarra. La actividad, dirigida por el
profesor Diego Zalbidea, reunió a ecónomos y personal de la
Administración de numerosas diócesis españolas.
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