Con motivo del "Día Mundial del Sida" (mañana sábado 1 de diciembre), el Proyecto Lázaro de Cáritas Diocesana de Tenerife para las personas afectadas de VIH en situación de vulnerabilidad social y/o vinculadas a éstas, quiere denunciar la vulneración de derechos y el retroceso en la lucha contra la enfermedad como consecuencia de la nueva reforma sanitaria -instaurando entre otras medidas el copago de los medicamentos-, a pesar de los grandes avances que se han obtenido en el campo de la investigación.
A esto debemos sumar los recortes presupuestarios en materia de prevención entre las poblaciones más vulnerables, allanando el terreno para que se produzca un aumento de la transmisión del VIH y de otras enfermedades infeccionas, como la tuberculosis entre la población general.
Proyecto Lázaro de Cáritas Diocesana se caracteriza por ser el único recurso de carácter alojativo en Canarias y de responsabilidad privada, planificado e integral, que realiza un proceso de asistencia, promoción e integración social, donde se proporciona una intervención biopsicosocial personalizada, con el fin de crear herramientas para facilitar el empoderamiento y así posibilitar la inserción social y laboral a aquellas personas afectadas por el virus del VIH/SIDA.
Durante este año hemos atendido un total de 67 personas, de las cuales aproximadamente el 28% fueron acogidas, recibiendo atención externa un 18% y más del 50% eran familiares o personas vinculadas a este colectivo, en busca de asesoramiento y orientación. De estas atenciones, un 49% se trata de mujeres y más de la mitad, personas extranjeras. Ante este contexto, la implantación de la nueva ley nos afecta de forma notoria en la medida en que todas las personas acogidas no sólo necesitan mediación retroviral -que hasta el momento está garantizada por la Seguridad Social- sino que tienen enfermedades asociadas que requieren un tratamiento ambulatorio.
Por ello, Cáritas laza un llamamiento al conjunto de la sociedad para que "en estos momentos de crisis, donde las Administraciones Públicas tienen severos problemas para priorizar en sus políticas sociales, exijan y reclamen los derechos a la protección social de las personas menos protegidas, aquellas en situación de mayor vulnerabilidad social".
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