Cáritas insta al gobierno y partidos políticos a una reflexión profunda sobre las consecuencias de las decisiones tomadas sobre el derecho a la salud y las consecuencias sobre el mismo "Real Decreto Ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones", aprobado en el Congreso de los Diputados.
Ante la propuesta de esta nueva medida, Cáritas quiere llamar la atención sobre:
Que estas decisiones estén siendo tomadas sin la debida reflexión que permita la evaluación del impacto sobre el sistema de garantías de derechos en el que se sustenta nuestra sociedad, ni de su repercusión sobre los ciudadanos más débiles a los que también el estado debe garantizar sus derechos fundamentales, ya que afecta a un cambio de modelo que desprotege aún más si cabe a las personas más vulnerables.
Cáritas quiere mostrar su honda preocupación por el impacto que va a tener en las personas a las que acompaña la aplicación de esta medida, sobre la que también se ha manifestado Cáritas Europa y otras organizaciones en la declaración "El acceso a la asistencia sanitaria es un derecho humano básico".
Seguimos pensando, como ya dijimos, que supone un cambio de modelo que afecta fundamentalmente a las personas más desprotegidas, tanto a ciudadanos españoles como a como a ciudadanos comunitarios (modificando los requisitos para obtener autorización de residencia), aumentado la estimación de los colectivos más vulnerables y con mayor riesgo de exclusión social (como jóvenes desempleados, personas afectadas por enfermedades infecto-contagiosas, personas con discapacidad, enfermos de entornos rurales), así como de los ciudadanos extracomunitarios en situación irregular.
La exclusión del sistema sanitario de las personas migrantes en situación irregular va a añadir un sufrimiento muy severo a un colectivo especialmente vulnerable y muy presente en la acción diaria de Cáritas, que no puede ser sacrificado con el argumento de la eficacia. El incremento de la irregularidad sobrevenida por la falta de empleo y la dificultad en la renovación de autorizaciones o de acceso al arraiga hace que el colectivo de personas en esta situación crezca cada día.
En lugar de favorecer la articulación de una sociedad de acogida, integrada y diversa, estas medidas alimentan un discurso reduccionista y lleno de riesgos, según el cual las personas migrantes que conviven y forman parte de nuestras comunidades son los responsables del deterioro socioeconómico actual, en vez de considerarlas las primeras y principales víctimas del mismo, tal y como lo comprobamos.
Pensamos que se trata del inicio de una dualización del sistema sanitario, que supone ofrecer a los ciudadanos una cobertura distinta según el grupo de población al que se pertenezca. Y señalan que de manera no explícita se están sentando las bases para que surja un sistema estatal paralelo de beneficiencia para las personas más vulnerables, una fórmula hacia la que Cáritas ha manifestado reiteradamente su rechazo al poner en cuestión la garantía del respeto a los derechos humanos y el acceso igualitario a los servicios de atención y asistencia socio-sanitaria en todo el territorio y para toda la población, además de poco realista en cuanto a la eficiencia y el ahorro.
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