El debate y posterior rechazo del
Parlamento de Canarias a la Proposición No de Ley sobre la creación de un “Plan
de choque contra la pobreza y la exclusión social en Canarias”, nos deja claro
que las personas que tienen la obligación de defender los intereses de la
ciudadanía y especialmente, de la parte más débil de la sociedad, se encuentran
demasiado alejadas de la realidad social de las Islas, manteniendo debates
estériles y actitudes que, a nuestro juicio, son insultantes hacia las personas
que viven situaciones de exclusión.
Como entidad social que trata de
acompañar cada día a las personas que, por diferentes motivos, se les niega la
posibilidad de vivir con la dignidad que la Constitución y la Declaración de
Derechos Humanos les reconoce, no podemos entender que desde el año 1999 no se
haya elaborado un Plan de choque contra la pobreza, y que en estos años se
hayan rechazado por la Cámara canaria tres propuestas que, con mayor o menor
fortuna, pretendían al menos sentar unas bases mínimas para conocer, reconocer
y actuar sobre los canarios y canarias que se levantan cada día sin más futuro
ni presente que tratar de sobrevivir en situaciones de auténtica pobreza.
Es obligación del Parlamento de
Canarias y del resto de los parlamentos, velar y proteger a las personas
mayores; a las menores de edad; a las desempleadas; a las más desfavorecidas; a
las que no tienen hogar o están a punto de perderlo; a quienes no pueden
acceder a la educación, a la alimentación adecuada o al trabajo; y a todas
aquellas que son víctimas de una realidad que muchos de los actuales miembros
de la llamada clase política, que mientras por un lado contribuían a construir
con sus decisiones, por otro se presentaban como la solución a los problemas.
Somos conscientes, también, de
que nuestro trabajo es una labor subsidiaria, y por eso nos duele más que
aquéllos y aquéllas que asumieron una obligación legal y moral con la sociedad
a la que libremente decidieron representar, hayan sido una vez más incapaces de
ponerse de acuerdo aunque fuera tan solo en una declaración de intenciones
oficial de trabajar por las personas más apartadas de la sociedad, condenándolas
una vez más a la desesperanza.
Desde nuestra misión de denuncia
como cristianos y como institución vinculada a la realidad más dura de nuestra
sociedad, queremos instar a las señoras y señores diputados a superar sus
intereses partidistas y personales y a que asuman su papel de representantes y
su obligación de defender los derechos sociales, y acuerden un “Plan de choque
contra la pobreza y la exclusión social” que sea real, que se le dote
económicamente y que se ponga en marcha de forma inmediata.
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