Ante la decisión del Gobierno de Canarias de dotar a Cáritas Tenerife de más fondos para la atención de las personas empobrecidas, desde Cáritas a nivel regional queremos hacer público el siguiente comunicado:
1. La atención de las personas que viven situaciones de pobreza y de las víctimas de la crisis actual, la defensa de los derechos fundamentales de los excluidos y excluidas de y por este sistema de sociedad, es obligación de los representantes del pueblo, que han sido elegidos –entre otras cosas- para ello. Miembros de los parlamentos nacionales o autonómicos, ediles, consejeros y consejeras de los diferentes gobiernos y los cargos que de estas instituciones emanan, tienen la responsabilidad y la obligación de velar por el bienestar de la sociedad. No es una opción sino un deber que asumen al responsabilizarse de gestionar las políticas sociales y económicas del país.
2. Cáritas, por responsabilidad, vocación, identidad y compromiso social de quienes la conforman, entiende que es obligación de cada miembro de la comunidad aportar el máximo de trabajo y esfuerzo en la atención de las personas, en especial de las más vulnerables, pero es consciente de que no es un deber sino una opción personal desde los valores que defendemos.
3. Que dejando claro dónde están las obligaciones sociales y dónde la buena voluntad, afirmamos que ni la pobreza ni la marginación ni ninguna forma de exclusión social se pueden solucionar con medidas arbitrarias tendentes a buscar soluciones a problemas que, en el caso de Canarias, afectan a más de 25.000 familias (sólo las memorias de las dos Cáritas de Canarias recogen en torno a unas 12.000 familias).
4. No comprendemos que el mismo Parlamento que rechazó un “Plan de choque contra la pobreza” hace apenas tres semanas, en donde sólo se establecía una declaración de intenciones con unos compromisos mínimos (sin fechas ni cuantías económicas establecidas), ahora inste al Gobierno de Canarias a dotar de más fondos a las ONGs después de que éstas se hayan visto obligadas a cerrar programas y proyectos, a despedir trabajadores/as y, lo que es muchísimo peor, a romper con los procesos –terapéuticos, médicos y sociales- y acompañamientos que se estaban llevando a cabo a cientos de personas.
5. Sólo en Cáritas Tenerife han sido cerrados tres proyectos, con un centenar de personas que ahora se encuentran sin ayuda y ocho profesionales que pasaron a las listas del paro. Además, para adaptarse al presupuesto, se han tenido que reformar y modificar otros programas, a fin de que los daños provocados por los recortes fueran los menores posibles.
6. Lo que las Cáritas de Canarias demandamos no es más dinero ni que llegue de forma extemporánea y sin ajustarse a ningún plan establecido que tenga como fin la erradicación de la injusticia social.
7. Cáritas exige a la Administración que asuma sus responsabilidades como garante de los derechos de la ciudadanía, y está dispuesta a colaborar con la misma siempre que se establezcan planes a largo plazo encaminados a la erradicación de la pobreza y la exclusión social, y no a trabajar por impulsos o presión mediática y/o social.
8. Queremos creer que este modo de actuar por parte del Parlamento y del Gobierno de Canarias está más motivado por la inconsciencia o desconocimiento que por la incompetencia, por lo que solicitaremos un encuentro con los representantes del Parlamento, de forma conjunta y no por partidos, para un intercambio de información que tenga como resultado la elaboración de planes que respondan a la realidad de la exclusión social en Canarias y que pretendan su erradicación. Lo contrario supone una atención parcial y sin efecto para la población.
La dignidad de las personas no es temporal ni circunstancial, y ha de ser el sentido y el norte de todas las acciones políticas en materia de exclusión social.
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